Fueron detenidos centenares de presuntos simpatizantes de la organización islamista al Nahda y del Partido Comunista de los Obreros Tunecinos, ambos ilegales, así como otros críticos al gobierno. Amnistía Internacional consideró a la mayoría de ellos presos de conciencia. Muchos quedaron en libertad sin juicio, pero a decenas de ellos los condenaron a penas de prisión. Seguían encarcelados más de 2.000 presos políticos, la mayoría presos de conciencia sentenciados tras juicios injustos desde 1991. La detención en régimen de incomunicación (garde à vue) durante periodos prolongados continuó facilitando la tortura y los malos tratos a detenidos en el Ministerio del Interior y en las comisarías de todo el país. Hubo informes del uso generalizado de tratos crueles, inhumanos o degradantes con los presos políticos. Al menos cuatro detenidos por motivos políticos murieron bajo custodia.
